#Comunicado en el marco del 24 de Marzo: Día de la memoria por la verdad y la justicia
La deuda argentina, que bruta trepa al 92% del PBI y al 45% si consideramos la externa, es insostenible, como el propio FMI reconoció. Cómo fue posible llegar, desde un nivel de "endeudamiento bajísimo" en 2015 (en palabras del ex ministro Dujovne), a una nueva crisis de deuda y la necesidad de volver a reestructurar, es la primera respuesta que tendremos que dar a partir de una investigación profunda e impostergable con la que ya hemos asumido un compromiso de trabajo en el marco de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda, desde el Congreso de la Nación. Esa investigación deberá dar cuenta, además, de las (i)responsabilidades de los funcionarios del gobierno de Macri que posibilitaron tamaño desquicio. Pero también del destino de los dólares prestados que, increíblemente, no tuvieron ningún correlato en materia de ampliación de la competitividad sistémica de nuestra economía, sustitución de importaciones o expansión exportadora, o sea que no se aplicaron a la generación de la capacidad de repago que exigían los compromisos que se estaba obligando a asumir al Estado Nacional. En cambio, sabemos que, durante esos 4 años de brutal endeudamiento, se fugaron 88.300 millones de dólares, sólo contemplando la Formación de Activos Externos (FAE).
La evolución de la economía argentina en aquellos años, cuando el PBI per cápita sufrió un retroceso de 34%, mientras se destruían más de 20.000 empresas nacionales y transitábamos un fuerte déficit comercial que sólo se frenó en 2019 por la profundidad de la recesión que deprimió las importaciones, también deja al desnudo la responsabilidad de quienes otorgaron los créditos: tanto de los privados que apostaron a un modelo inviable y reiteradamente fallido, como del FMI que, incluso, avanzó más allá de lo que su estatuto le permite. Lo que muestra la contabilidad del Banco Central es escandaloso: desde que se produjo el primer desembolso del FMI, a mediados de 2018, hasta noviembre de 2019, se fugaron, por FAE, 40.650 millones de dólares y otros 10.150 millones de dólares, por salida de capitales especulativos que habían venido a hacer negocios con las tasas desorbitantes que Macri les ofrecía. Es decir que, durante la vigencia del Stand By que Macri suscribió con Lagarde, se fugaron 6.000 millones de dólares más que la totalidad de los 44.500 millones de dólares desembolsados por el organismo.
La consecuencia de esa confluencia de irresponsabilidades es la negociación que hoy encara el Gobierno que asumió el 10 de diciembre, para buscar una salida a la crisis que Macri generó.
Se trata, sin dudas, de un escenario desbalanceado. La ausencia de un marco legal para la resolución de la deuda soberana es un enorme déficit en la arquitectura financiera internacional, que deja a los Estados que deben reestructurar su deuda, carentes de una protección legal. Los avances que se habían producido en la ONU hacia 2014, cuando, en el contexto del litigio entre Argentina y los fondos buitre, el G77+China consiguió una resolución de la Asamblea General para trabajar en un marco multilateral, se frenaron en 2015 cuando los gobiernos del G7 obstaculizaron la labor del comité que se ocuparía de la redacción. En ese contexto, no obstante, se crearon los nueve principios de las Naciones Unidas sobre los procesos de reestructuración, que nuestro país incorporó a su ordenamiento legal hacia el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que, si bien Mauricio Macri se ocupó de sepultar ni bien asumió, en su afán de claudicar ante los buitres, a los que les pagó a las apuradas más de lo que pedían, para iniciar el vertiginoso ciclo de endeudamiento, hoy vuelven a ser basamento de la posición argentina en la búsqueda de una solución justa y ordenada, al amparo del principio de sostenibilidad.
Del otro lado de la mesa de negociaciones se sienta el poder financiero internacional. Sin ir más lejos, el fondo Black Rock, que se estima como el mayor tenedor de títulos argentinos, administra una cartera de activos que equivale a alrededor de 15 veces el tamaño de nuestra economía . Se trata, sin dudas, de un escenario que exigiría la plena unidad nacional a la hora de la negociación, una unidad que debería expresar la defensa sin ambages del interés del pueblo argentino y de las posibilidades de un desarrollo sustentable, algo que sólo puede cristalizarse en un acuerdo sostenible, es decir pagable en función de la capacidad de nuestra economía y compatible con el crecimiento de la actividad y la expansión exportadora, lo que excluye, desde el vamos, cualquier opción que buscara imponer un ajuste. En este contexto no puede dejar de llamarse la atención sobre el comportamiento y acciones de ciertos actores, que lucen incompatibles con la deseable unidad nacional que la hora amerita. Así, hemos visto en estos días cómo la Cámara de empresas norteamericanas en Argentina (AmCham) organiza viajes para periodistas de medios nacionales que, a su retorno, ofician a través de sus notas como voceros de los acreedores.
No obstante, los desafíos que la Argentina tiene por delante, van más allá de alcanzar un acuerdo sostenible para la reestructuración de su deuda soberana y del conocimiento pleno por parte de nuestra ciudadanía de lo ocurrido en el tercer y trágico ciclo de endeudamiento externo que nos toca sufrir, como puntapié inicial para un efectivo Nunca Más a estos ciclos tan dramáticamente nocivos, de fuga y endeudamiento. La Argentina debe, como Nación, preguntarse sobre cómo afrontar, una vez alcanzado un acuerdo, los compromisos de la deuda reestructurada. En un país al que no solamente le dejaron una deuda externa insostenible sino también una situación social vergonzante con 14 millones de compatriotas que, de acuerdo con la ONU, no pueden asegurar su alimentación, parece más oportuna que nunca la idea que, en su momento, planteó la vicepresidenta de la Nación: “Las deudas se pagan, pero que la paguen los que más se la llevaron y más la disfrutaron”.
Por último, sentar bases firmes para un Nunca Más a estos ciclos, partiendo de la investigación de la deuda, exige un fuerte compromiso del poder legislativo de la Nación . El fruto de ese compromiso con nuestro pueblo, de cara al futuro, debe ser una moderna legislación que establezca el marco legal para la sustentabilidad externa de la economía y el endeudamiento responsable, con límites a la capacidad de endeudamiento de los gobiernos, con pautas razonables que discriminen entre deuda interna y externa, en moneda nacional y extranjera, emitida bajo legislación nacional y extranjera, de corto o de largo plazo, con criterios claros -cuantificables y auditables- de sustentabilidad y mecanismos transparentes de control y regulación del destino de las divisas obtenidas por medio del endeudamiento, que sólo deberían aplicarse a fines de desarrollo económico y social y, por supuesto, que defina también las responsabilidades de los funcionarios y agentes intervinientes en las operaciones de crédito público y las consecuencias legales de potenciales incumplimientos. Entonces sí, estaremos escribiendo, un nunca más a la tragedia de la deuda, un nunca más a gobiernos que nos hipotequen el futuro.
Trabajemos para que nuestros hijos e hijas vivan en esa Argentina, una Argentina que construye su desarrollo económico y protege el derecho al desarrollo integral de su pueblo.
(*) Diputada Nacional y economista
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