En relación a su fallo contra el ‘tarifazo’ Luis Arias manifiesta la necesidad de democratizar la economía

Voy a arrancar directamente con un tema importante y tiene que ver con tu actividad como juez y tu fallo contra el tarifazo en la provincia. Un punto central del fallo era el criterio de razonabilidad, ¿hay razonabilidad en la gestión de gobierno actual, es un criterio que los jueces tienen en cuenta a la hora de fallar en temas económicos?

R: En temas económicos y en cualquier tema. La razonabilidad es un principio que se deriva de la constitución, el artículo 28, y que es una construcción jurídica que implica proporcionalidad, adecuación de medios a fines. Es un concepto jurídico indeterminado que todos los jueces del derecho tienen que llenar de algún modo.

En el caso de las tarifas la razonabilidad implica que la tarifa pueda ser pagada, que haya una cierta proporcionalidad, entre los ingresos y lo que se paga. En Europa se ha desarrollado de ‘pobreza energética’, y es ‘pobre energético’ quién paga más del 10% de su salario en tarifas. Nosotros estamos hoy en un 30% del salario en pago de servicios.

¿No es un criterio que en Argentina se aplique o funciona?

R: Sí. La corte incluso en el fallo CEPIS por la cuestión tarifaria, lo ha aplicado. Dice que las tarifas deben ser justas, razonables. Están en los marco regulatorios de los servicios, tanto de electricidad como de gas. Pero además esta en instrumentos internacionales el principio, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, que interpreta el artículo 11 del derecho a la vivienda que dice que «la vivienda debe ser asequible y los servicios también», es decir, alquilar un inmueble o comprar una casa, más la energía, no deben presentar una cierta proporción del salario.

Si hay jurisprudencia, si hay un principio que en principio está bastante generalizado en el mundo y en la Argentina puede ser aplicable, ¿Por qué no podemos parar el tarifazo?

R: Porque la razón económica prevalece por sobre la razón jurídica. Cuando yo dicté ese fallo el ex ministro Aranguren salió a decir «¿que es lo razonable, si las empresas vienen perdiendo dinero, eso es razonable?». Un ministro de un gobierno argentino que defiende a las empresas y no a la gente. Se posiciona en un lugar de empresario, pero no de la gente. La razón económica se impone. Porque hasta el propio ministro forma parte de los actores económicos que se benefician con estas medidas.

¿Cómo podríamos parar jurídicamente o legítimamente, si tenemos la razón económica instalada?

R: Es que la razón económica termina imponiéndose siempre. Este es el grave problema. El poder económico termina apropiándose de las propias instituciones. Yo vengo llamando la atención, y lo reitero siempre, de las cien entidades económicas más importantes del mundo, sólo 39 son países.

Con la caída del muro de Berlín, lo que sucedio es que se abrió paso a una gran concentración económica por parte de las empresas. En el mundo bipolar, en el mundo de la guerra fría, había límites, después de la caída del muro no hubo más límites. Pasamos a una economía concentrada, expandida y globalizada. Entonces hoy las transnacionales son más poderosas que los países.

¿Y las instituciones no reflejan ese cambio?

R: Como bien lo señalaba la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, recientemente, hay que generar una nueva arquitectura institucional. A través de una transformación constitucional. Nosotros tenemos que discutir esta situación porque si es cierto que como decía Montesquieu, quien detenta el poder, entiende  abusar de él hasta donde encuentra sus límites, y por esos se genero el Estado actual, republicano, derecho, a partir del cual existe división de poderes, principios de publicidad a los actos de gobierno, existen controles recíprocos entre los poderes, si esto es verdad, eso que hizo oportunamente con el Estado debe hacerse también con el poder económico.

Pero frente a la división de poderes de un Estado, lo que tenemos del lado económico es la concentración, no la división. La publicidad en los actos de gobierno en las repúblicas, del otro lado tenemos el secreto bancario. Es imposible que una  país pueda competir así con una transnacional. Yo digo, si un país invade a otro, se genera un conflicto bélico, pero sí las trasnacionales invaden un país, no pasa absolutamente nada, y es lo que está sucediendo en América del Sur.

Volviendo al tema puntual nuestro de las tarifas, porque en ello creo que se resume gran parte del conflicto entre el interés general y el particular. ¿Cuáles podrían ser las medidas para regular este tema, que es lo que no debería pasar y que sí debería pasar?

R: Yo creo que tenemos que avanzar hacia una creciente democratización política y económica. El reparto del poder. La corporación es lo que está en contra de la democracia, lo contrario a la corporación es la democracia. Si nosotros creemos que el poder judicial es corporativo, lo que hay que hacer es abrirlo a la sociedad, generar instancias de participación, o de elección. Control de la gestión por parte de las organizaciones sociales, las entidades vinculadas a lo jurídico, participación en la remoción de los jueces para que no haya venganzas políticas como está sucediendo.

No solo hay que democratizar el Estado, sino también la economía, que tiene que ver con evitar la concentración, distribuir la riqueza de un modo equitativo. No nos puede suceder como pasa, que las empresas energéticas por ejemplo, ganen miles de millones, que además no quedan en el país, mientras la gente no puede pagar el gasto de la luz. Hay que avanzar a una democratización, con la intervención del Estado. Estableciendo reglas para evitar eso. Que la actividad se reparta.

¿Esto requeriría un consenso ampliado que incluye incluso la actividad privada?

R: Claro, lógicamente. Este es el problema, que la actividad privada no quiere regulaciones, no quiere intervención estatal, y esa es la gran trampa. Pero si pusimos racionalidad y límites, al poder estatal, al poder político, ¿por qué no lo hacemos con el poder económico?, si las razones son las mismas. Los supuestos a partir de los cuales se funda el Estado democrático derecho y republicano, son los mismo que deben aplicarse al sistema económico. Ese es el gran desafío, lograr lo que se hizo con el Estado, también se aplique en el ámbito económico.

Si vos tuvieras que decir algo que te gustaría que pudiéramos trabajar para que nunca más sucediera en el plano de esta relación entre lo económico y lo jurídico, o lo económico y el estado, entre lo particular y lo general, ¿cuál sería uno de los puntos para trabajar para que no volviera a suceder tal cosa?

R: Yo creo que hay que avanzar hacia una transformación constitucional. Generar un consenso, y a partir de eso establecer las bases en una nueva Constitución que impida el desarrollo de las prácticas que tanto nos han perjudicado en cada oleada de gobierno liberal que hemos tenido.

Creo que la Constitución es el gran proyecto político, no es un instrumento jurídico solamente. Es lo que queremos y lo que no queremos como Nación. Ahí están nuestros objetivos y creo que hay que avanzar hacia una transformación que impida, por ejemplo, que un gobierno que dura cuatro años, no se endeude por cien, y que tus hijos y tus nietos, tengan que pagar la deuda de Macri. Me parece que esto requiere, por lo menos un plebiscito, hablando de democracia, para decidir si la población está dispuesta a hipotecar el futuro de sus hijos y nietos, es decir, no se puede tomar esta decisión con una resolución del Ministerio de Economía como se hizo. Me parece que esto requiere un debate social. Las consecuencias se pagan en generaciones.

¿Cómo dirías que fue el rol de las organizaciones populares o de las asociaciones de consumidores, respecto de la resistencia al tarifazo?

R: Es dentro del mismo esquema, hay que democratizar los servicios públicos. No puede suceder que los usuarios que sostenemos el servicio no esté sentado en la mesa de decisiones. La audiencia pública no alcanza, es un sistema de participación pero no basta. Actualmente cuando se define una tarifa, se sientan las empresas con el Estado, pero el usuario no está sentado en esa mesa, no están los representantes.

Todos y todas tenemos derecho a estar sentados en la mesa para discutir políticas. Cualquiera sea el gobierno. Esto es la democracia, es llenarla de contenido. Después ocurre también que prometen una cosa en campaña y luego hacen otra cosa. Clausuran la participación y eso no es lo que debe suceder. El pueblo, las organizaciones sociales, tienen que participar de la acción de gobierno, que no sean unos simples receptores de planes. Que puedan participar y deliberar acerca de las políticas de Estado.

¿Ha habido intento de cosas parecidas aquí o en otros países?

R: En general lo que se tiende a suceder es que una vez que se está en el poder se tiende a evitar la participación. Y ahí es donde la política muchas veces se vuelve corporativa, cuando cierra la puerta de la participación, cuando intenta evitar que el pueblo tome intervenciones en los asuntos del Estado.

¿Vos decis que incluso en la justicia el pueblo debería poder decidir sobre temas jurídicos?

R: No sobre temas jurídicos, pero sí sobre los postulantes. En primer lugar creo que los máximos órganos del poder judicial debieran estar integrados con una diversidad tal que represente a los distintos sectores de la sociedad. Hoy tenemos un presidente de la corte, que representa los intereses del capital nacional y transnacional, que es una minoría de la población del país. Si hay un juez así, muy bien. Pero yo tambien quiero un juez o una jueza indígena. Quiero representantes de las minorías sexuales. Representantes de las minorías raciales. Jueces que hayan tenido una acreditada experiencia en materia de derechos humanos, de derechos ambientales.

Valoro mucho más a aquel que se ha comprometido, que ha dejado parte de su tiempo para ayudar a un club de barrio o intervenir en los derechos humanos, que se ha ocupado de los demás. Para mi eso es mucho más valioso que tener un título en una Universidad extranjera. Porque marca una posición de vida frente a lo social. Una posición individualista frente a una posición comprometida desde el punto de vista social. Tenemos que revisar a quién elegimos. Por ejemplo, tenemos un fiscal general en Mar del Plata, Fernández Garello, que está imputado por delitos de lesa humanidad. Si ese fiscal hubiese tenido una audiencia pública previa a su designación, tal vez ni siquiera se hubiera presentado, porque se le hubiera dado la oportunidad a los organismos de derechos humanos de levantar la mano y decir ‘cuidado con este postulante que formaba parte de los servicios de inteligencia de la policía de Camps’.

¿No funciona eso?, porque había un cierto control.

R: Hubo un intento importante con el decreto 222 de Néstor Kirchner para la designación de los jueces de la corte en aquel momento. Pero no existe para el resto del poder judicial, y tampoco existen mecanismos de participación para la remoción de jueces. En mi caso por ejemplo, no se dejó entrar a nadie. No querían el debate y que la gente se entere. Nosotros queríamos dar debate, porque lo que estaba en juego es un modelo judicial,y sin embargo no tuvimos la posibilidad de hacerlo, pese a que mucha gente se hizo presente, no la dejaron entrar.

Pero también en la gestión de los jueces, del poder judicial. En su momento le alcance al entonces Vicegobernador de  la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, un proyecto de observatorio estatal de la justicia, integrado por organizaciones sociales y por asociaciones vinculadas a la tarea judicial, para controlar en tiempo real la actividad, a ver si los jueces cumplen los plazos, si cumplen los estándares de derechos humanos. Hay un montón, que deben ser controlados, no con una intención disciplinaria, sino para mostrar frente a la sociedad cuál es el comportamiento de los jueces, que actualmente no tienen control. Imagínate un observatorio controlando la actividad del Juez Otranto y la fiscal interviniente en el caso de Santiago Maldonado. Imagínate controlando la actividad de Bonadío, y señalando los desvíos o los aciertos eventualmente de cualquier juez.

¿Pero eso no son los organismos de control existente?

R: No, pero son estatales siempre. Y cuando son estatales terminan volviéndose corporativos. Por eso hay que abrirlos a la sociedad. No le tenemos que tener miedo a la gente. Si hay gobiernos que representan los anhelos y los intereses de la sociedad, no hay que tenerle miedo a la participación de la gente, al contrario, ellos contribuyen con la acción estatal.

Como se puede gobernar, por ejemplo, una provincia como la de Buenos Aires, que es extensísima, con innumerables problemas y realidades, porque no es lo mismo el interior de la provincia que el conurbano. ¿Cómo se puede gobernar sin la participación de la gente, sin las organizaciones sociales?.

La familia judicial pareciera estar alejada en la visión de la gente común, ¿existe en esa familia gente que esté dispuesta a abrirse más al escrutinio o el mismo sistema genera permanentemente el aislamiento?

R: Existen muchos jueces y juezas que no forman parte de esa clase. Pero el sistema, la cultura organizacional los lleva a esa situación. Al juez o jueza en general, no tiene porque interesarle lo que piense la sociedad. No depende de la sociedad para mantenerse en su puesto o para llegar ahí, ni para que lo remuevan. Depende de los poderes fácticos y constituidos. Entonces lógicamente tienden a legitimarse frente a los poderes fácticos, como los medios de comunicación o frente al poder político, que es lo que realmente lo mantiene al frente de su función. Ese es el carácter corporativo.

Un juez cobra todos los meses, sin necesidad de legitimarse frente a la gente. Entonces esto se paga en definitiva con derechos, porque el juez para mantenerse en esa zona de control termina sacrificando derechos. Esa zona de confort que implica esto. Cuanto menos irritas a los poderes económico y político, mejor. Incorporando a la gente se rompe el carácter corporativo, el pueblo tiene que estar, no incidiendo y presionando al juez, pero sí controlando.

Si es que existen, ¿los sistemas que tienen elección de los jueces, son menos corporativos?

R: Hay sistemas. Bolivia tiene un sistema de elección popular de los jueces. Yo particularmente, no estoy de acuerdo con ese sistema, porque se termina partidizando. Una cosa es la ideología que pueda ser portador cualquier juez, como cualquier persona, todos tenemos ideas. Lo que no puede haber es una afiliación partidaria. Un juez no puede decidir un modo u otro de acuerdo al partido político que estuviera en el gobierno, eso ya es distinto, es una irregularidad, es corrupción.

Me parece que la elección popular alienta a esto último, y se termina partidizando, como ocurrió con los Consejos Escolares en la provincia de Buenos Aires. Resulta que el que fracasó como candidato a concejal, lo ponen como candidato para el Consejo Escolar como si fuera algo menor. Y si estamos en contra del sistema representativo electoral, no podemos trasladar todos esos vicios del sistema al poder judicial, sería una contradicción.

Yo creo que lo mejor es una elección de una participación social amplia. Tampoco estoy de acuerdo en la periodicidad porque termina pasando lo mismo, ningún juez que dura por ejemplo cuatro años, se va a animar a enfrentar al poder economico o politico, si sabe que a los cuatro años tiene que ir frente a ellos para que lo revaliden en su cargo. Es medio difícil de aplicar esos sistemas, salvo que sean periodos largos. Si dura diez o quince años el cargo, podría discutirse. Forma parte de este gran consenso en el cual debemos avanzar.

Volviendo a la fundamentación de tu fallo, ¿vos creés que estamos en un modelo y proyecto político-económico no razonable y regresivo?

R: La razonabilidad no importa. Cuando me preguntan sobre la división de poderes, el Estado de derecho, los principios jurídicos, digo ‘eso es una banalidad’, porque todo se lo termina tragando la lógica económica. El sistema económico tiene sus reglas sus leyes, entre ellas la ley de oferta y demanda. Cuando esas leyes chocan con las leyes jurídicas, siempre terminan ganado las primeras. Eso es la lucha desigual.

1 comentario en “En relación a su fallo contra el ‘tarifazo’ Luis Arias manifiesta la necesidad de democratizar la economía”

  1. PAUL MARCELO MELENDI

    COMO VA A PARTIDIZARSE UN JUEZ QUE DURA SOLAMENTE 4 AÑOS EN EL CARGO?? ES IMPOSIBLE- SI SE PARTIDIZAN LOS JUECES QUE DURAN VARIOS AÑOS- COMO PASA EN ARGENTINA-
    ADEMAS EN BOLIVIA- LAS ELECCIONES SON DIRECTAS, SIN PARTIDO POLITICO DE POR MEDIO-

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